TERCERAS
JORNADAS NACIONALES ABOLICIONISTAS SOBRE
PROSTITUCIÓN Y TRATA DE MUJERES Y NIÑAS/OS
PROSTITUCIÓN Y TRATA DE MUJERES Y NIÑAS/OS
2012
PONENCIA:
Prostitución y/o explotación sexual de mujeres, niñas y niños. Abordaje territorial
PONENTE:
Asociación de Mujeres Argentinas por los DDHH” (AMMAR-capital)
EJE 7: Atención y restitución de derechos a las víctimas de trata y prostitución.
Nuestros objetivos
Trabajar
para una mejor calidad de vida para las mujeres, niñas y niños en vulnerabilidad
social como es la prostitución y/o explotación sexual, en el fortalecimiento
personal, grupal y colectivo favoreciendo la inclusión en los ámbitos
políticos, educativos y laborales desde el empoderamiento de nuestros derechos
humanos, exigiendo el cumplimiento de los Tratados internacionales, firmados y ratificados por la Argentina que postulan
una estrategia de intervención estatal desde la perspectiva abolicionista de la
prostitución y/o explotación sexual.
Objetivos Específicos
Poner
en marcha acciones de asociación y cooperación con el Estado y las ONG a fin de
concientizar sobre la necesidad de implementar políticas públicas de empleo,
vivienda y educación que permitan a las mujeres y a sus familias superar su
situación y mejorar su calidad de vida.
Participar
en la gestión de legislaciones, políticas y programas sociales, laborales y de capacitación
dirigidos a las mujeres en situación de prostitución y vulnerabilidad social.
Diseñar,
administrar e implementar espacios de reflexión, campañas de divulgación y
educación en materia de Derechos Sexuales y Reproductivos y prevención de VIH
desde una perspectiva de género y del empoderamiento de los Derechos.
Establecer
y participar de espacios: a) de sensibilización y Concientización acerca de la
prostitución, la trata de personas con fines de explotación sexual, dirigidos hacia la Sociedad Civil ;
b) sensibilizar y concientizar a profesionales para generar servicios e
intervenciones concientes, sensibilizada, actualizadas y comprometidas con
dichas temáticas.
Prostitución y/o explotación sexual en el marco del
Abolicionismo en Argentina.
Argentina
es un país abolicionista por los tratados internacionales firmados y
ratificados por los cuales se compromete a trabajar en generar políticas
públicas integrales de prevención y acompañamiento a las mujeres en
prostitución
Entre
los principales tratados se encuentran:
-
La Convención
para la Represión de la Trata de Personas y la Explotación de la Prostitución Ajena
Los
Estados firmantes se obligan asimismo a
derogar toda reglamentación de la prostitución y adoptar medidas de prevención
y de contención hacia las mujeres.
El
sistema abolicionista fue ratificado por nuestro país por el decreto Ley 11.925
y por las leyes 14.467 y 15768/60, y a su vez la ley nacional 12.331 que prohíben
la existencia de prostíbulos y demás lugares de encierro y la sanción a quienes
los instalen, regenteen o administren.
-
La Convención Sobrela Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (Naciones Unidas 1979),
en su Art. 6º establece que se tomaran todas las medidas apropiadas, incluso de
carácter legislativo para suprimir todas las formas de trata de mujeres y
explotación de la prostitución de la mujer.
-
La “Convención Americana sobre Derechos Humanos,” conocida como Pacto de San
José de Costa Rica, de 1969 en su Art. 6º Inc. 10 prohíbe
la trata de mujeres
-
El Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del 19/12/66, establece
que los Estados deben garantizar a todas las personas un nivel de vida
adecuada, alimentación vivienda, educación y una mejora continua en sus
condiciones de vida.
¿Como se expresa la violencia institucional contra las
mujeres en prostitución?
La
expresión mas clara de esta violencia, fundamentalmente de tipo institucional,
son los Códigos Contravencionales, que discriminan y reprimen a los sectores más
vulnerados, especialmente a las mujeres en prostitución privándolas de la ciudadanía social, es decir
del conjunto de derechos económicos, sociales, culturales y políticos dándose
etapas de retrocesos. Aunque, como se señala
arriba, Argentina es un Estado abolicionista y, sin embargo, funciona como un Estado
reglamentarista. En la mayoría de las provincias de nuestro país, las mujeres
se ven sometidas a arrestos de cumplimiento efectivo, de 15 a 30 días en cárceles
comunes; afectando a las mujeres en su
vida cotidiana, su entorno familiar y social.
Lo que es peor aún, pone a las mujeres en mayor estado de vulnerabilidad,
para ser captadas por las redes de trata de personas con fines de explotación
sexual y laboral.
La
violencia institucional inscripta en tales códigos, que encarcela a las mujeres
en situación de prostitución callejera, que lleva a éstas a aceptar a ser
trasladadas a otros países o lugares cerrados, tales como wiskerias, bares,
saunas, cabaret, en los que la condiciones de explotación y maltrato son
considerablemente superiores a lo propios de la prostitución en la calle.
En un Sistema Abolicionista:
políticas públicas integrales ausentes
Desde el comienzo de nuestra
lucha como organización de mujeres, uno de nuestros objetivos principales ha
sido, y sigue siendo, dar a conocer a la sociedad que la prostitución y la
explotación sexual es una problemática social que muestra en toda su crudeza la
desigualdad de oportunidades y la falta de adecuadas políticas públicas para
encarar la pobreza y la falta de equidad.
En este sentido, nos
encontramos con un primer desafío para la
transformación social: pensar a la prostitución y a la explotación sexual como
una problemática social.
Para esto trabajamos en la
organización colectiva de los grupos afectados a partir del empoderamiento de
los derechos humanos; para que podamos demandar políticamente la necesidad de
mayor igualdad, participando en espacios en los que históricamente no teníamos
voz. Desnaturalizando el sistema prostituyente y patriarcal, que
sistemáticamente ha perjudicado a millones de mujeres.
A partir de las voces de mujeres que han podido
empoderarse de sus derechos humanos, pudimos conformar una organización.
Nuestro trabajo tiene aristas particulares que deben ser abordadas en su
complejidad. Pensemos que no es casual que las personas en estado de
prostitución hayan podido acceder a derechos principalmente a partir de
movimientos instituyentes de organización propia.
Consideramos que la
problemática de la prostitución y/o explotación sexual debe abordarse con
políticas públicas integrales, ofreciendo alternativas sociales y de vida a las
personas atravesadas por la
misma. Se debe desplegar un sistema para la atención y
prevención, actuando coordinadamente desde los ámbitos jurídicos, sanitarios y
sociales.
Los recursos destinados
actualmente para atender la problemática son inexistentes, o bien dependen de
la buena voluntad del gobierno de turno. La prostitución y/o explotación sexual
generan secuelas –psicológicas, sociales y económicas- tanto en las personas
que la ejercen como en sus grupos familiares, siendo necesario su tratamiento
en base a estrategias de intervención específicas.
En este marco y al no considerar a la prostitución como
trabajo sino como una vulneración de derechos; la fuerte demanda recibida en el
abordaje territorial es la urgencia de avanzar con propuestas para la
asistencia integral de las personas en situación de prostitución; para
efectivizar sus derechos económicos, sociales y culturales; y para sostener a
quienes desean abandonar la actividad y requieren formas alternativas de procurarse
ingresos. Por ello como organización, nos vimos en la necesidad de intervenir
sobre esta realidad compleja, sobre la realidad social de las mujeres,
reflexionando sobre las necesidades que todas y cada una planteaba en la
organización a través del trabajo en territorio. Al ver la falta de respuestas
específicas para el sector, es que comenzamos a construir sobre lo existente,
trabajando en articulación con otros organismos para el acceso a nuestros
derechos.
En
materia de inclusión educativa, muchas mujeres lograron realizar sus estudios
terciarios a raíz de una articulación
realizada con la Universidad de Madres de Plaza de Mayo.
Asimismo,
comenzamos en el año 2010 con un Centro Educativo de Terminalidad Primaria de
adultas en convenio con Ministerio de Educación.
Debido
a que la demanda más fuerte es la de salidas laborales, y después de haber
llevado adelante varias experiencias de microemprendimientos de corta duración,
firmamos un convenio con el Programa de Trabajo Decente del Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social de la Nación, que tiene como fin la creación de espacios de
formación en oficios con salida laboral concreta como ser la formación de
mujeres electricistas, contando con la articulación de la fundación OUCRA.
En
el ámbito de la salud, debido a nuestra experiencia y formación en el trabajo
territorial con las mujeres en el espacio público, en empoderamiento de
nuestros derechos y cuidado de salud sexual y reproductiva y prevención de
VIH/SIDA, fuimos convocadas por la Dirección de Niñez del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires a través del programa ANDARES para trabajar con niños, niñas y
adolescentes con derechos vulnerados en el marco de la prevención de la
explotación sexual, a partir de espacios de contención, formación y esparcimiento,
desde el empoderamiento de los derechos.
